Parece haber consenso entre los magistrados de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda en que, a pesar de la conveniencia y utilidad de establecer jurisprudencia penal internacional y de que las víctimas puedan ser testigo del enjuiciamiento y el castigo de sus atormentadores directos, el Consejo de Seguridad no logrará en gran medida sus principales objetivos si las acciones judiciales se entablan únicamente contra personas de poco relieve y no contra los dirigentes civiles, militares y paramilitares presuntamente responsables de las atrocidades, opinión que el Grupo de Expertos apoya.